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Las 20 claves del caso del “Cártel de Camiones”

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Se trata de una práctica anticompetitiva de fijación al alza de precios de fábrica, que luego se trasladaba a toda la cadena de distribución. Y, además, el retraso en la introdución de tecnologías de emisión EURO 3 a 6 y la repercusión de su coste de implementación.

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Los fabricantes intercambiaron precios e información relevante para fijar precios, como, por ejemplo, los configuradores de camiones. Así, cada fabricante era capaz de calcular el precio que aplicarían sus competidores.

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Hasta el 2002 la fijación de precios se hizo en distintos lugares, pero a partir de ese año se hizo sistemáticamente en Alemania.

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Afecta a los camiones de seis o más toneladas, rígidos o cabezas tractoras. Los fabricantes afectados son MAN, DAF, IVECO, DAIMLER y VOLVO / RENAULT. Por el momento SCANIA está fuera del acuerdo, pero sabemos que sigue siendo investigada. Por lo tanto, a día de hoy no se pueden iniciar acciones legales seguras contra SCANIA. A los adquirentes de vehículos SCANIA les recomendamos esperar, para poder plantear una única reclamación, incluyendo estos vehículos.

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Duración: desde el 17 de enero de 1997 hasta el 18 de enero de 2011, salvo para MAN, que terminó el 20 de septiembre de 2010. Pero los efectos pueden haberse extendido a los años sucesivos, lo que permitiría extender la reclamación a vehículos comprados después de las fechas indicadas.

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No afecta a los vehículos de segunda mano ni a los servicios de reparación en garantía ni a otros servicios asociados.

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Se da por descontado que los acuerdos han restringido la competencia y que han tenido efectos negativos sobre el mercado.

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Multa de casi tres mil millones de euros, la mayor de la historia en la UE. MAN se ha librado de la multa, porque ha sido el “chivato”.

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Los cinco fabricantes han llegado a un acuerdo con la UE, reconociendo los hechos y asumiendo la multa. Se trata, por tanto, de un caso cerrado.

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Aunque la Comisión haya impuesto una multa, ello no obsta a que, además, los afectados puedan reclamar daños.

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A partir de ahora se ponen en marcha las acciones por daños. La propia resolución es prueba suficiente de la existencia de la práctica restrictiva de la competencia y de su ilegalidad.

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La UE publicó la Directiva de Daños derivados de prácticas anticompetitivas, que se ha traspuesto en España el 27 de mayo de 2017, pero no es aplicable a nuestro caso, que es anterior.

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Nuestra reclamación, por tanto, sigue regulándose por el Código Civil, artículo 1902.

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El plazo de interposición de la reclamación es de un año (1968.2 CC). Este plazo concluye el 6 de abril de 2018. Aunque la directiva europea haya introducido un plazo de cinco años, este aplica a los expedientes que se inicien a partir de ahora, no a los ya concluidos, como es el de los camiones.

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¿Quién puede reclamar? Cualquiera que haya comprado o suscrito un contrato de financiación (leasing, renting u otros) de un camión de las características indicadas en el periodo señalado. Cada afectado debe interponer su propia demanda, individualmente o agrupándose con otros, pero en su propio nombre y derecho.

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¿Qué se puede reclamar? El sobreprecio debe ser calculado por un perito caso por caso. Es fundamental que el informe pericial sea preciso y razonable. La Guía práctica de cuantificación de perjuicios elaborada por la Comisión Europea establece que el 70% de los cárteles han causado daños entre el 10 y el 40% del precio de compra y el perjuicio medio asciende a un 20%, todo ello conforme a los casos existentes. En nuestro caso, los daños se dividen en dos conceptos: sobreprecio y sobreconsumo.

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Mediación: la UE fomenta la solución extrajudicial de conflictos. La directiva insiste en ello fuertemente. En España se ha apostado firmemente por la mediación como vía alternativa al pleito. Un proceso de mediación es rápido, sencillo y barato, especialmente si se agrupan varios afectados y comparten los costes.

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La resolución de Bruselas publicada el 6 de abril es una “versión provisional no confidencial”, lo que implica que no contamos con toda la información del caso.

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Los intereses solo se calculan a partir de la fecha de la sentencia.

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Las probabilidades de que se desestime íntegramente la demanda son prácticamente inexistentes: el cártel ha existido y los daños se han producido. Solo falta dilucidar su importe. Por lo tanto, el riesgo de perder íntegramente, con condena en costas, es remoto.